Entre sus principales avances, la normativa reconoce derechos específicos como la igualdad y no discriminación por edad, el trato digno y la atención preferente, el acceso a la justicia, la independencia y autonomía, una vida libre de violencia, el acceso a la salud, el trabajo, la conectividad, la educación, la información y la participación en la vida comunitaria, cultural y deportiva.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este lunes en el Teatro Municipal de San Miguel la ceremonia de firma de la Carta de Compromiso del Gobierno para la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, iniciativa que busca traducir en acciones concretas los principios establecidos en la nueva normativa para fortalecer la autonomía, la participación y la protección de los derechos de las personas mayores.

La Ley N°21.822, publicada en el Diario Oficial el pasado 1 de junio, establece un marco integral de protección y promoción de derechos para las personas de 60 años y más, incorporando un enfoque de envejecimiento digno, activo y saludable, con énfasis en la autonomía, la participación y la no discriminación.

Acceso a la justicia de personas mayores

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta normativa representa un avance relevante en materia de protección de derechos, acceso a la justicia y resguardo de la dignidad de las personas mayores, incorporando un enfoque transversal de derechos humanos orientado a reconocerlas como sujetos de derecho y fortalecer su autonomía, participación e inclusión.

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de la figura del abandono social, entendida como una vulneración grave de derechos de una persona mayor con dependencia, que ponga en riesgo su vida, integridad física o psíquica, cuando dicha situación haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social.

La normativa establece un procedimiento judicial de aplicación de medidas de protección ante los tribunales de familia en favor de personas mayores víctimas de abandono social. Además, refuerza el derecho de acceso a la justicia de quienes intervengan como parte, testigo o perito en un procedimiento judicial, promoviendo una atención preferente, prioritaria y diligente.

La implementación de esta ley forma parte del Plan Generación Dorada impulsado por el Gobierno, orientado a responder al proceso de envejecimiento de la población mediante políticas públicas que promuevan cuidados con dignidad, participación, bienestar y una mejor atención del Estado.

En la actividad participaron la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; la ministra de Deporte, Natalia Duco; el ministro de Cultura, Francisco Undurraga; el ministro de Justicia y DD.HH.; la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown; y la directora (s) del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Karen Caiceo, junto a representantes de organizaciones de personas mayores y autoridades nacionales y comunales.