La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley presentado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis del delito de tráfico de migrantes. La iniciativa  forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca fortalecer las herramientas del Estado para perseguir el traslado irregular de personas.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat destacó que: “Este proyecto nos permite cerrar espacios de impunidad que hoy dificultan la persecución de quienes lucran con el traslado irregular de personas. Estamos fortaleciendo nuestra legislación para entregar al sistema de justicia mejores herramientas frente a conductas que afectan la seguridad del país y que, además, pueden poner en riesgo la integridad y la vida de las personas”.

Principales características del proyecto 

• Amplía el delito de tráfico de migrantes, incorporando también a quienes, con ánimo de lucro, faciliten o promuevan la salida ilegal de personas del país.
• Crea un nuevo delito para sancionar a quienes, al interior del país, y con el objetivo de obtener un beneficio económico, faciliten, promuevan, concierten o realicen el traslado o transporte de personas extranjeras en situación migratoria irregular.
• Este nuevo delito será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multas de 50 a 100 UTM, aplicándose el maximum de la pena cuando se ponga en riesgo la integridad física o salud del afectado, y agravándose si se pusiere en peligro la vida de la persona afectada, o cuando se trate de un menor de edad.
• Contempla sanciones especiales para funcionarios públicos que cometan estas conductas en el ejercicio de su cargo, abusando de él o excediendo sus facultades, incluyendo la inhabilitación temporal para ejercer cargos u oficios públicos.
• Fortalece las herramientas para la persecución penal del nuevo delito, incorporándolo en disposiciones del Código Procesal Penal y de la legislación sobre lavado de activos, entre otras adecuaciones legales.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto culmina su primer trámite constitucional y continuará su discusión en el Senado.