El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, encabezó una nueva sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia permanente y consultiva que reúne a las principales instituciones del sector con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema procesal penal.

Durante la reunión, se revisó el estado de avance de las subcomisiones de trabajo y se definieron prioridades para el primer semestre, con especial énfasis en materias vinculadas a audiencias telemáticas, agendamiento de audiencias, personas detenidas en cuarteles policiales y percepción ciudadana del sistema de justicia.

La sesión contó con la participación de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Chevesich; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subsecretario de Justicia, Luis Silva; el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira; la defensora nacional, Verónica Encina; y autoridades de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

Al término de la instancia, la jefa Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Fabiana Castro, relevó que: “hemos fijado los lineamientos para los planes futuros y acordado que las subcomisiones respectivas realizarán los trabajos necesarios para avanzar en todo aquello que se requiera, con el objetivo de lograr una atención oportuna del sistema judicial. Siempre trabajando por Chile”.

Entre los temas abordados, la Comisión dio especial prioridad al trabajo sobre audiencias telemáticas. Asimismo, se solicitó avanzar en una nueva línea de trabajo orientada al agendamiento de audiencias, con el propósito de contribuir a destrabar la carga actual del sistema penal.

En materia de percepción ciudadana del sistema de justicia, se acordó dar mayor impulso a esta línea de trabajo, especialmente mediante la incorporación del Colegio de Abogados en acciones que contribuyan a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema.

La Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es un órgano de carácter permanente y consultivo, que tiene por objeto procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de propuestas técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción coordinada de las instituciones que la integran.