La iniciativa permitirá completar la instalación del nuevo Servicio en enero de 2029, diez meses antes de lo previsto originalmente.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que modifica el calendario y las condiciones de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, con el objetivo de asegurar una transición ordenada, eficiente y que resguarde la continuidad de la atención jurídica a la ciudadanía.

La iniciativa, presentada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat y tramitada con discusión inmediata, propone reorganizar las tres etapas de implementación contempladas en la Ley N.º 21.780 en dos hitos. El primero se desarrollará en enero de 2028, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso; mientras que el segundo, previsto para enero de 2029, incorporará a las diez regiones restantes del país.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que “la Sala de la Cámara de Diputados ha aprobado por amplia mayoría modificaciones a aspectos transitorios de la ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de la Víctima. Este es un avance muy relevante, porque nos permitirá anticipar en 10 meses la operación total del servicio en todo Chile y diseñar con la debida anticipación cada una de las prestaciones que ofreceremos a la ciudadanía, para brindar una atención jurídica de calidad, más ágil y cercana. Se trata de un avance que beneficiará a las personas en todas las regiones y territorios del país, por lo que agradecemos a la Cámara de Diputados por esta importante votación”.

Esta modificación permitirá completar la instalación nacional del Servicio diez meses antes de lo establecido originalmente y reducir de 30 a 12 meses el período de coexistencia entre la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, disminuyendo la duplicidad de estructuras y procesos administrativos.

El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas busca integrar en una sola institucionalidad los servicios de información y orientación legal, asesoría y representación jurídica, el programa de atención a víctimas, y programas especializados actualmente implementados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, además de la administración del sistema de mediación familiar junto a la promoción e implementación de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos.

Un proceso de implementación respaldado por evidencia

La propuesta considera antecedentes del estudio “Recepción y tratamiento de las necesidades jurídicas por las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile. Aproximaciones para la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas”, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y el Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Universidad de Chile, por encargo de la Subsecretaría de Justicia, con financiamiento del Fondo Conjunto de Cooperación Chile–México.

La investigación, desarrollada entre agosto de 2025 y marzo de 2026, analizó registros administrativos de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial correspondientes al período 2022-2024, además de encuestas nacionales de necesidades jurídicas y antecedentes recogidos con personas usuarias, funcionarios y especialistas.

Entre sus principales hallazgos, el estudio identificó diferencias en los criterios de atención y derivación, barreras territoriales, dificultades de coordinación institucional y limitaciones en los sistemas de información que impiden realizar un seguimiento integral de los casos.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará su tramitación legislativa en el Senado.